La publicidad de los actos judiciales es una norma general que está en vigencia, salvo los casos de limitaciones excepciones, explicó ayer el secretario general de la Asociación de Magistrados de Bolivia, Jorge Alberto Durán Menacho.
El jurista se refirió a la discrepancia surgida la semana pasada entre un periodista de Radio Patujú y una vocal de la Corte Superior de Justicia del Beni, sobre los alcances del principio de publicidad establecido en la Ley de Organización Judicial.
Durán, que es titular del Juzgado Segundo de Partido en lo Civil de Trinidad, precisó que la vigencia del principio de publicidad equivale a que los actos judiciales son públicos.
“Sin embargo, ese principio no es absoluto y tiene excepciones, como por ejemplo en materia familiar, penal, fiscal y algunas otras materias especiales (en las que) el principio de publicidad de los actos puede tener excepciones”, apuntó el magistrado.
El juez añadió que, así como es público el proceso, “también pueden ser restringidas las actuaciones judiciales y cerrarse las puertas (del juzgado) por violación al pudor, al honor, a la dignidad”, entre otras razones.
Durán precisó que, en casos debidamente justificados, “el juez dispone limitaciones para que se cierre la actuación” a conocimiento público y ella “se efectúe con carácter confidencial”.
Puso de ejemplo el caso de la adopción de menores, en el que se entiende que la honra y dignidad del niño y los padres pueden estar en riesgo debido a la publicidad y, en consecuencia, deberá restringirse su difusión.
El juez Durán también sostuvo que la transparencia en la administración de la justicia no está en riesgo por esas excepciones.
CÍVICOS SALEN EN DEFENSA DE MAESTROS ATEMORIZADOS POR COCALEROS
Los cívicos del Beni emitieron, hoy, una resolución en defensa de los maestros del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que son atemorizados por cocaleros.
Maestros del núcleo educativo San Miguelito del Tipnis, en el sur del Beni, abandonaron sus fuentes de trabajo por el, supuesto, amedrentamiento del que son víctimas.
El documento fue leído por el presidente del Comité Cívico del Beni, Felcy Guzmán, al final de una reunión en la que participaron representantes de diferentes instituciones departamentales.
La institucionalidad cívica beniana decidió enviar una carta abierta al presidente de Bolivia, Evo Morales, para que en su condición de líder máximo de los cocaleros garantice el retiro inmediato de todos los colonos de la zona.
El ingreso a la región es más fácil por el sector norte de Cochabamba.
Los indígenas del Beni denunciaron que son discriminados por los choferes cochabambinos, quienes no quieren cumplir el servicio de transporte, y por los comerciantes que les niegan la venta de productos.
Además, temen sufrir daños físicos después de la muerte de un cocalero en un enfrentamiento armado con los indígenas.
El caso será presentando ante el representante en Bolivia de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos para que interceda ante el Gobierno Nacional.
Los cívicos, además, exigen la erradicación total de las plantas de coca que fueron sembradas en el parque.
Demandan que se realice una auditoría ambiental que determine el daño ecológico provocado en la región.
Piden al Ministerio de Gobierno que instale un puesto militar para pacificar el sector y evitar futuras incursiones cocaleras al territorio protegido por la normativa boliviana.
Los cívicos se comprometieron a desarrollar una estrategia que garantice el trabajo seguro de los maestros y la educación de los indígenas del Tipnis.
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