La suspensión fue dispuesta debido a la aparición de un nuevo elemento, desconocido hasta ahora por los investigadores, informó el juez técnico Jorge Monasterio.
El proceso tiene sentada en el banquillo a la abogada Silenia Suárez Hurtado, a quien la Fiscalía señala como autora intelectual de la muerte de su esposo, Luis Felipe Pinto, en noviembre del 2007.
Según la Fiscalía, la muerte de Pinto fue causada materialmente por Bismarck Andrade Montero. Los dos acusados se defienden de la sindicación en libertad condicionada.
En el juicio oral, abierto al público, un testigo declaró que una persona le confesó que había recibido la visita de uno de los abogados de la defensa para pedirle que mienta.
La mentira está dirigida a asegurar que esta nueva persona fue también testigo de la declaración donde la viuda adelanta sus planes para asesinar al esposo.
Según el juez, el surgimiento de ese nuevo dato obliga a consultar a la otra parte, para que tenga oportunidad de descargar la versión.
El juicio oral por la muerte de Luis Felipe Pinto se inició el lunes pasado.
Los jueces técnicos y ciudadanos deben escuchar a un total de 52 testigos.
Hasta el momento, la audiencia se ha desarrollado en un ambiente de normalidad.
REANUDAN PROCESO POR EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DE CABILDO
Iglesia del Cabildo Indigenal construida sobre el terreno en cuestiónEl Juzgado Tercero de Partido en lo Civil retomó conocimiento del proceso contra la Alcaldía por el pago de la expropiación del terreno que ocupa el Cabildo Indigenal de Trinidad.
El juicio estuvo paralizado debido a un recurso de apelación, planteado contra el juez Armando Urioste, que fue resuelto por la Sala Civil de la Corte Superior.
La Sala Civil dio razón a los demandantes y anuló una parte del expediente, con lo cual se ha reanudado el procedimiento judicial.
La Alcaldía de Trinidad es exigida por la familia Suárez Rodríguez para que pague 180 mil dólares, suma estimada por la expropiación de los terrenos que actualmente ocupa el Cabildo Indigenal en la zona del cementerio.
El indicado terreno, de 7.577 metros cuadrados, fue expropiado originalmente por el entonces alcalde Hernán Dorado Claros, en 1966.
La Alcaldía sostiene que esa expropiación fue pagada al propietario original. Además, indica que la exigencia es extemporánea y ha prescrito hace varios años.
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