El ex alcalde de Trinidad Tadeo Armando Ribera Bruckner rechazó hoy los varios procesos que le han iniciado la propia Municipalidad y la Contraloría General del Estado por presuntos actos ilegales cometidos en ese cargo.
Con dictamen del contralor, Ribera Bruckner está exigido a que devuelva más de 2 millones 600 mil bolivianos y también a que responda por actos administrativos y penales, según datos ofrecidos por el gerente departamental de la Contraloría, Javier Vega.
Vega explicó que la Contraloría efectuó las auditorías respectivas en la Alcaldía de la capital y estableció ese daño económico y, además, responsabilidad penal en al menos una acción municipal.
La auditoría se refiere a las gestiones del año 1998 y del bienio 2001-2002.
Hoy, el ex alcalde declaró a Radio Patujú que la mayoría de los procesos fueron resueltos, porque fueron descargados y porque la comuna hizo los pagos que se le exigían.
También sostuvo que no hay ningún proceso por responsabilidad penal.
Tadeo Ribera señaló que sólo están en proceso dos demandas contra él y otros funcionarios.
Explicó que un caso está relacionado con el pago de los aportes a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Añadió que el asunto se complicó porque el también ex alcalde Moisés Shriqui firmó un convenio sin tener autorización del Concejo Municipal.
Ese proceso está en apelación en la Corte Suprema de Justicia, en Sucre.
El segundo juicio surgió por la falta de descargo del impuesto al valor agregado de los funcionarios municipales, monto que es reclamado por el Servicio de Impuestos Nacionales. Ribera también achacó a Shriqui por la anormalidad.
Tadeo Ribera fue alcalde como militante de la desaparecida Unidad Cívica Solidaridad, UCS. Actualmente, ejerce el cargo de responsable departamental de la Unidad de Régimen Disciplinario del Poder Judicial.
Sostuvo que, como no tiene sentencia ejecutoriada en su cargo, puede seguir ejerciendo ese puesto.
De su lado, el gerente departamental de la Contraloría dijo que su responsabilidad es recuperar los recursos que hubieran sido engañados al Estado.
Javier Vega remarcó que, si la Alcaldía de Trinidad no lo hace, la Contraloría está en la obligación de cumplir la ley, incluso hasta la destitución del funcionario que no acata la norma.
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