El Gobierno presentó una nueva demanda en contra del ex – prefecto del Beni, Ernesto Suárez, por supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.
La información la dio a conocer en Trinidad, la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo. El caso involucra al ex alcalde de San Borja, Ronald Tovías.
Suárez y Tovías, renunciaron a sus respectivos cargos para habilitarse como candidatos en las elecciones de abril.
Según Suxo, Suárez autorizó la entrega de un millón de Bolivianos a la Cooperativa de Servicios Eléctricos Maniqui Ltda., que distribuía energía en la población beniana de San Borja.
“Una entidad pública no puede entregar dinero a una entidad privada, más aún para que esta entidad privada después venda el servicio como es el servicio de luz”, explicó la autoridad estatal.
Ambos ex funcionarios podrían enfrentar cargos por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica establecidos en el Código Penal.
La denuncia fue presentada a la Fiscalía General de la República, en Sucre, porque no hay confianza en las autoridades locales del Ministerio Público.
La ministra pidió a la Fiscalía General que se conforme una comisión especial para que investigue el caso.
“No hay un ministerio público fuerte, no hay un poder judicial que esté comprometido con la lucha contra la corrupción”, dijo Suxo.
El dinero tenía que ser utilizado para mejorar los equipos generadores de energía eléctrica de la cooperativa borjana.
Esta cooperativa recientemente pasó a manos de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) por deficiencias en su funcionamiento.
Suxo también acusa a Suárez y a otros funcionarios de la prefectura por la entrega de grupos electrógenos, supuestamente, en mal estado como si fueran nuevos a pequeñas poblaciones.
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