El presidente de la Federación de Ganaderos del Beni y Pando (FEGABENI), Cristian Sattori, rechazó las declaraciones del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, que apuntan a la institución por supuestos cobros ilegales por movimiento de ganado.
Medios de prensa reflejaron las declaraciones de Llorenti, quien supuestamente verificó “en persona y de manera directa que se llevan adelante cobros ilegales a los ganaderos, cobros que violan varias normas”.
El Ministro hizo las declaraciones al regresar de Puente San Pablo, punto fronterizo entre Beni y Santa Cruz, donde FEGABENI instaló un punto de control de movimiento de ganado y que es operado coordinadamente con la Policía Montada y el Senasag.
Sattori aseguró que las acciones institucionales de los ganaderos “están 4legítimamente respaldadas por normas y leyes de nuestra Patria”.
Reconoció que FEGABENI cobra 21 Bolivianos por cada res que sale del departamento.
Explicó, sin embargo, que ese aporte es gremial y está enmarcado dentro del estatuto de la institución y resoluciones de congresos ordinarios democráticos.
“FEGABENI es un gremio sin fines de lucro y que establece sus aportes al igual que los sindicatos, agrupaciones, gremios profesionales o entidades privadas que son totalmente legítimas”, enfatizó.
Se calcula que cada año se mueven 400 mil reses de territorio beniano hacia Santa Cruz.
Aclaró que la institución utiliza el Documento de Conducción para verificar la propiedad del ganado que es trasladado. En este documento se especifican las marcas y señales que el ganado lleva. Estos datos son comparados en los puestos de control con un registro de la institución para probar la propiedad de las reses.
El dirigente ganadero reconoció que el Senasag utiliza su propio “instrumento definido para lo que es el Programa Contra la Fiebre Aftosa, cuya guía sanitaria es evidentemente gratuita”.
FEGABENI también rechazó el hecho de que el ministro Llorenti haya ingresado al puesto de control en Puente San Pablo donde fueron decomisados documentos de la institución. Aseguró que el puesto es propiedad privada.
La dirigencia de los ganaderos benianos y pandinos envió una carta con documentación sobre el tema y pidió audiencia con la autoridad estatal para complementar la descripción y explicación de esta problemática.
“Esta agresión es una intensión más de destruir nuestra institución, sin embargo, estamos seguros que de esta prueba saldremos unidos y fortalecidos y continuaremos defendiendo los intereses y derechos del sector ganadero”, finalizó.
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