Un puesto de control para el tráfico de madera fue instalado en Puerto Almacén por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), confirmó la responsable departamental de dicha entidad, Henrry Acosta.
El puesto está operando desde aproximadamente dos semanas y ya atendió algunos casos.
“Lo que estamos queriendo es controlar el tema del tráfico de madera ilegal. Estamos tratando de disminuir esta figura, en realidad lo que se quiere es poder hacer un poquito de control sobre el tema de los recursos naturales que corresponden al departamento del Beni”, señaló.
Acosta recordó que la ABT tiene la misión de realizar el control y la fiscalización del aprovechamiento de los recursos naturales y que a raíz de ello se ha venido implementando la instalación de puestos de control móviles y fijos.
El puesto, en estos días, evitó que cantidades pequeñas de madera sean comercializadas sin la autorización correspondiente en la ciudad de Trinidad.
Los perjudicados en estos casos son indígenas que después de talar algunos árboles ahora no pueden obtener ganancias con esa actividad, aunque ellos aclaran que la cantidad de madera que aprovecha es pequeña.
Una mujer de la comunidad Palermo de Río Grande lamentó que la ABT no le haya extendido el permiso para vender las tablas que ella trajo hasta Puerto Varador, como cada año.
“Ni diez tablas (podemos vender), ni nada, por lo menos para comer porque yo ayer (lunes) tuve la oportunidad de vender 30 tablitas por lo menos para tener para comer y ahí está, el señor que me las compró no puede traerlas, ya me dijo que me las devuelve, cómo le voy a devolver si ya no tengo el dinero”, contó.
La mujer también relató que los funcionarios de la ABT les dijeron que tramiten el permiso en la oficina en la población de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz.
Otro habitante de la comunidad San Antonio de Loras se quejó porque su trámite fue rechazado y tampoco puede vender la madera que trajo.
Acosta explicó que negaron algunas solicitudes porque el lugar de procedencia de la madera correspondía a algunas comunidades indígenas que están en la jurisdicción de Cochabamba y Santa Cruz, incluso llegaron solicitudes de la reserva El Choré, que no corresponden ser conocidas por la oficina en el Beni.
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