Una comisión de fiscales del Distrito del Beni investiga las denuncias de supuestas agresiones físicas registradas en la comunidad San Pablo donde el dirigente indígena del CONISUR, Gumercindo Pradel, fue “azotado”.
La fiscal de Distrito del Beni, Vilma Blas Ibáñez, informó que dos denuncias fueron presentadas en Trinidad sobre el mismo hecho. Una de ellas fue presentada por la presidenta de la Confederación de Pueblos Originarios de Bolivia (CIDOB), Melva Hurtado.
“Se ha conformado una comisión de fiscales que empiezan haciendo todas la diligencias pertinentes, convocando a testigos, tomando entrevistas a las víctimas, haciendo requerimientos para pedir los historiales clínicos de las víctimas para saber el tipo y grado de lesión”, indicó.
La comisión está integrada por los fiscales Carlos Aponte, Carlos Peláez Mariobo, Olga Julio Córdova, quienes incluso podrían trasladarse hasta el lugar de los hechos para encontrar datos que les permitan aclarar la denuncia.
La autoridad del Ministerio Público enfatizó que corresponde que la investigación sea realizada por los fiscales del Beni porque el hecho se originó en territorio beniano, es decir dentro de la jurisdicción de la Fiscalía del Distrito que ella encabeza.
La fiscal señaló que tiene conocimiento extraoficial de que Pradel habría presentado la denuncia ante el Ministerio Público del departamento de Cochabamba, hasta donde se trasladó para recibir atención médica.
Indicó que, por conducto regular, se puso en contacto con su homólogo de Cochabamba a quien le pidió un informe para confirmar o descartar que Pradel haya denunciado a sus presuntos agresores. Espera la respuesta del fiscal cochabambino, sin embargo, la comisión de investigadores benianos ya tomaron algunas declaraciones.
Explicó que por el “principio de persecución penal única” no se pueden abrir o realizar diferentes investigaciones sobre un mismo hecho.
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