El gobernador del Beni, Carmelo Lens, fue notificado sobre una demanda
laboral presentada contra Haisen Ribera cuando ocupaba el mismo cargo pero de
manera interina.
Se conoció que es la primera demanda por motivos laborales que recibirá
Lens porque los fiscales preparan otras.
El Gobernador protestó porque aunque la demanda fue presentada en contra de
Ribera, es el actual Ejecutivo de la Gobernación quien debe responder al
proceso judicial. Aclaró que actuarán con responsabilidad ante situaciones como
estas.
Explicó que le fue entregada una citación sobre “una demanda social de
cobro de beneficios sociales”.
“El hecho no está solamente en el cumplimiento de la actuación judicial,
sino que el hecho se da en la forma irresponsable en que se manejaban las
actuaciones administrativas en la anterior gestión y que le están ocasionando
un daño económico al Estado y por ende al patrimonio del Gobierno
Departamental”, dijo Lens.
La autoridad recordó que será el Poder Judicial quien decidirá si la
demanda es procedente o no.
Momentos después llegó otro oficial de diligencia para entregar a Lens una
segunda notificación, sin embargo, el documento no fue recibido por la
autoridad porque el nombre materno estaba escrito de manera incorrecta. No se
conocieron mayores detalles del motivo de la segunda notificación.
Lens ocupa el cargo desde el Primero de Marzo de este año y a pesar del
poco tiempo de gestión, ha tenido que acudir a los Tribunales de Justicia para
resolver temas laborales.
Tres directores de servicios desconcentrados de la Gobernación contratados
por Ribera presentaron una acción de amparo constitucional alegando
inamovilidad laboral porque sus parejas estaban en etapa de gestación o
lactantes.
El secretario de Justicia, Donald Chávez, informó que la justicia declaró
procedente el amparo “en parte”.
“El auto que emitió – 006/ 2013 del 8 de marzo – faculta al Gobernador para
poder determinar la reasignación de sus funciones de estos funcionarios
manteniendo su nivel salarial”, sostuvo.
Por otro lado, Chávez señaló que continúan evaluando los casos de
funcionarios que fueron contratados por Ribera las últimas horas de su gestión
para establecer si hubo o no uso de influencias o si son contratos lesivos al
Estado.
