Una vocal de la Corte Judicial del Beni dispuso una restricción al derecho del público a conocer las actuaciones judiciales.
La restricción fue ordenada, el miércoles, por la vocal Lourdes Velasco de Caballero, que a la vez es presidenta de la Sala Civil de la Corte Judicial del Distrito.
La imprevista disposición fue impuesta a un periodista de Radio Patujú, con el argumento de que tiene la obligación de resguardar el derecho a la privacidad de las partes en el proceso.
La abogada Velasco rechazó el pedido del periodista para respetar el principio de publicidad, que reconoce la Ley de Organización Judicial en actual vigencia.
Ese principio, establecido en el artículo 1 de esa norma, señala que “las actuaciones judiciales son públicas salvo cuando sean ofensivas a la moral y las buenas costumbres”.
Al contrario de ese texto legal, Lourdes Velasco sostuvo que sólo las partes y los que tengan interés legítimo son los únicos que pueden acceder a conocimiento de los expedientes que se organizan en los diferentes juzgados.
Cuando se le solicitó demostrar la restricción, Lourdes Velasco insistió en su postura e hizo colocar un letrero en su despacho que señala el artículo 104 del Código de Procedimiento Civil.
Ese artículo precisa que “los expedientes estarán a disposición de las partes interesadas y de los que tengan interés legítimo”.
El periodista de Radio Patujú le hizo recuerdo a la vocal que la ley establece el principio de publicidad como el que prevalece hace muchos años en el país. Sin embargo, fue vano el intento; la autoridad judicial insistió.
Sólo autorizó que el comunicador tenga acceso al expediente buscado previa identificación de su calidad de periodista. Remarcó que las demás personas no podrán leer ningún expediente judicial.
La restricción de la vocal Velasco no es compartida por otros funcionarios de la Corte de Justicia, que fueron consultados por la emisora.
INDÍGENAS VIVEN EN TERRENOS NO PAGADOS POR LA ALCALDIA
Los indígenas del Cabildo de Trinidad viven en terrenos que le fueron otorgados por la Alcaldía pero que no fueron pagados por el municipio a su anterior propietario.
El caso motiva un juicio ordinario por expropiación, que inició la familia Suárez Rodríguez contra la Alcaldía de la capital hace varios años, según consta en la Corte Superior de Justicia de Trinidad.
La familia Suárez Rodríguez exige el pago de la indemnización que corresponde a una expropiación efectuada en 1966, por un terreno de 7.577 metros cuadrados.
En ese terreno están asentados indígenas trinitarios desde ese mismo año, cuando lo recibieron del entonces alcalde Hernán Dorado Claros.
El proceso ha sido eludido por las autoridades municipales, que rechazan el pedido de los anteriores propietarios con el argumento de que iniciaron el juicio fuera del término y que, por tanto, ha prescrito legalmente.
Además, el Alcalde opone que el propietario ya recibió una compensación por la expropiación realizada.
El terreno ha sido valorado en casi 180.000 dólares. A esa cifra, los anteriores propietarios suman 20.000 dólares adicionales por concepto de daños y perjuicios.
La familia, en principio, perdió el caso cuando los abogados de la Alcaldía lograron convencer al juez de que el juicio debió apegarse a un código civil anterior al actualmente vigente.
Ahora, el proceso continúa con la norma anterior, que es el conocido Código Santa Cruz.
La municipalidad arguye también que no corresponde el pago porque la expropiación fue compensada en parte con terrenos urbanos y en otra con impuestos que el propietario debía a la Alcaldía.
El expediente se encuentra ahora en la Sala Civil de la Corte Superior, que debe resolver una apelación de la Alcaldía contra un fallo del juez que conoce el caso.
CIFRAS ANTES DEL CIERRE
La Corte Departamental Electoral (CDE) del Beni registró a 173 157 ciudadanos en el Padrón Electoral con el sistema biométrico hasta el medio día de este jueves, informó el presidente de la institución, Edgar Moreno.
El número fue dado a conocer cuando faltaba un poco más de 12 horas para que se cierren las inscripciones.
Esa cifra equivale al 145 por ciento del número de ciudadanos que tenía previsto inscribir el organismo electoral al inicio del proceso.
El número de inscritos, en Trinidad, es de 54 910; en Riberalta, 36 287, y en Guayaramerín, 19 342 personas habilitadas para emitir su voto en las elecciones generales del 06 de diciembre.
Moreno calificó de “exitoso” el proceso de empadronamiento, que por primera vez incluyó un sistema moderno y seguro para almacenar datos físicos y personales de los ciudadanos.
La inscripción cierra a las 12 de la noche de hoy.
La autoridad recordó que en los centros de empadronamiento donde haya filas se atenderá hasta pasada la media noche, siempre y cuando el ciudadano haya llegado al lugar antes de que venza el plazo.
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