“No queda más que la justicia divina”, dijo el gobernador del Beni, Ernesto Suárez, después de analizar las circunstancias, supuestamente, desventajosas en las que se tiene que defender en la justicia boliviana.
Suárez, de la agrupación ciudadana Primero el Beni, fue imputado por causar un daño económico al Estado de 3.3 millones de Bolivianos, que fueron destinados a la organización del Referendum Autonómico de 2008.
Diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) pidieron que el fiscal de Distrito del Beni, Filemón Sandóval, y el fiscal Carlos Pelaez, sean destituidos porque después de siete meses no presentaron acusación formal contra la autoridad beniana en ese caso.
“Esta es una muestra clara de la injerencia que tiene el gobierno en el Ministerio Público, porque esto no es otra cosa que un chantaje que se le está haciendo al Fiscal de Distrito y a los fiscales”, afirmó.
“Si mañana viene una acusación sabemos que fue por la presión que se puso, o si viene el cambio (de fiscal) fue porque no acusó y si viene otro (fiscal) sabemos a qué viene, viene a acusar”, comentó.
Suárez aseguró que el MAS “copó” instituciones que deberían ser independientes como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General del Estado.
Ante este panorama, “quién me garantiza mi derecho de ciudadano a tener los proceso debidos, justo, enmarcados en la ley”, preguntó el Gobernador al presidente del país, Evo Morales, en conferencia de prensa.
“No queda más que la justicia divina”, se respondió.
Por otro lado, aseguró haber escuchado una grabación en la que “un abogado muy allegado al MAS” hace alusión a la, supuesta, militancia oficialista de algunos jueces de la Corte de Justicia del Distrito del Beni.
Los jueces aludidos fueron el presidente de la Corte Distrital de Justicia, Miguel Hurtado, y la vocal Marlene Arteaga, quienes conocieron un amparo constitucional interpuesto en contra de asambleístas de Primero el Beni.
El amparo fue interpuesto por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Alex Ferrier, del MAS contra los asambleístas que impulsan la aprobación de un proyecto de Ley de Cesación de Mandato de Autoridades Departamentales. Los jueces fallaron a favor de Ferrier, este viernes.
Suárez podría perder su cargo si lo “acusan formalmente”. El proyecto de ley intenta que la suspensión de autoridades electas se haga efectiva cuando las autoridades tengan “sentencia condenatoria ejecutoriada” a lo que se opone el MAS.
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