Un hombre fue herido de bala como consecuencia de un pleito por propiedades ganaderas en el cantón San Pedro de la provincia Cercado, al norte de la capital del Beni.
El hecho ocurrió la mañana del 22 de septiembre de este año. Las propiedades están en proceso de saneamiento. Los supuestos agresores fueron identificados.
Propietarios de las estancias ganaderas afectadas piden garantías constitucionales, mientras que la Fiscalía emitió orden de aprehensión en contra de los supuestos autores de la tentativa de homicidio.
Según el informe policial, Gerardo Vaca Cortez, de 48 años de edad, se encontraba campeando en la estancia El Bolsón, propiedad de José Roque Machado, cuando se acercó a una movilidad que pasaba por el lugar.
En la camioneta viajaban tres sujetos y otros pasajeros, al menos uno de ellos asegura ser propietario de parte de la estancia en la que se encontraban.
Vaca, administrador de El Bolsón, aseguró haber sido amenazado de muerte y después recibir dos tiros con un revolver calibre 38, el primero en la mano y el segundo entre el hombro y el cuello.
Un acompañante del administrador tuvo mejor suerte. Le quedó como recuerdo el sombrero con marcas de las balas que dispararon en su contra.
El abogado de Machado, Miladín Suárez dijo, este jueves, en conferencia de prensa, que su defendido y su familia están cansados de esta situación que cada vez se agrava.
Suárez explicó que en 2005 un grupo de sujetos ingresaron a las estancias de José Roque Machado y de la familia Habb donde levantaron infraestructura ganadera.
El ingreso supuestamente es ilegal y desde entonces el problema ha pasado desde las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hasta el Ministerio Público.
“Ya van cinco años que venimos recurriendo a todas las instancias legales habidas y por haber: INRA, Ministerio Público, Tribunal Agrario Nacional. Lamentablemente no tenemos resultados. La gota que rebalsó el vaso fue el atentado de asesinato”, sostuvo.
Según el abogado, los supuestos avasalladores se valen de amenazas para espantar a los trabajadores.
Informó que antes del hecho de sangre había una orden de desalojo en contra de los supuestos avasalladores.
“Lo que queremos es que las autoridades nos den seguridad jurídica para que ellos (sus defendidos) puedan trabajar, cuidar sus animales”, aseveró.
En el INRA-Beni confirmaron que existe una orden de desalojo como medida precautoria y que la misma está en proceso de ejecución.
También, un fiscal emitió una orden de aprehensión en contra de los tres sujetos por tentativa de homicidio, lesiones gravísimas agravadas, organización criminal y encubrimiento.
En caso de ser encontrados deben ser trasladados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), “debiendo en todo momento ser tratado como inocente”, dice el documento.
Este medio no pudo comunicarse con los acusados.
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