El coronel Zoilo Salces, uno de los acusados por el Caso Terrorismo, se declaró en bancarrota y pidió apoyo económico para continuar con su defensa en el proceso que le sigue el Ministerio Público ante la justicia boliviana.
El coronel Salces lleva 37 meses con detención preventiva luego de que fue aprehendido en la ciudad de La Paz. Los últimos meses, cumple la orden del juez cautelar en la cárcel de Mocoví en Trinidad.
El acusado reiteró su inocencia y aseguró que el juicio en su contra es un “proceso injusto” y lento, lo que le ha obligado a gastar todo sus recursos económicos.
“Ya no tengo recursos, debo bastante dinero. No percibo mis haberes de mi institución, por diversos motivos, situaciones reglamentarias internas”, dijo.
El militar recordó que fue un “ferviente luchador por el proceso autonómico en del departamento del Beni, como muchos otros benianos”, que de repente lucharon más que él.
“En ese sentido, quiero pedirle la colaboración a todos ustedes para que me puedan ayudar en mi defensa y poder llevar a mi abogado, que radica en la ciudad de La Paz, hasta Santa Cruz de la Sierra”, añadió.
En la capital cruceña se desarrolla el juicio por dicho caso. Salces debe pagar el viaje de su defensor cada semana por medio, aproximadamente. Cada viaje tiene un costo de cuatro mil Bolivianos y él se quedó sin efectivo.
“Ya no tengo dinero”, repitió con la voz firme. Explicó que su esposa Gisselle Grau Ribera abrió una caja de ahorros en el Banco Unión (Nro. 111067001), a donde pueden hacer llegar los aportes.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico del Beni, David Coca, se sumó al pedido de apoyo económico para con el autonomista detenido. Recordó que el coronel Salces no es el único beniano que está siendo procesado, supuestamente, de manera injusta en el mismo caso.
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