FISCALÍA IMPUTA FORMALMENTE A GOBERANDOR DEL BENI

Por: La Palabra del Beni

Fiscalía de Distrito imputa formalmente al gobernador del Beni, Ernesto Suárez Sattori, por los delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, desobediencia a la autoridad y conducta antieconómica, debido a la realización del referéndum autonómico del 1 de junio de 2008.

El titular de la fiscalía en Beni, Filemón Sandoval, informó la imputación formal fue presentada el sábado 17 de julio y el siguiente paso es fijar audiencia de medidas acutelares (posiblemente esta semana) para determinar la situación jurídica de los implicados.

“Como se ha establecido de que hay indicios de haberse cometido estos delitos es que el Ministerio Público ha visto por conveniente presentar la imputación formal”, dijo Sandoval a tiempo de precisar de la imputación corren 6 meses para formular acusación y llegar al juicio oral si amerita el caso.

Ante las versiones de que el proceso al gobernador, consejeros departamentales y vocales electorales tiene tinte político, el fiscal de Distrito manifestó que el caso y las investigaciones comenzaron el 2009 y que ahora la parte afectada tiene todo el derecho de asumir defensa.

“Las personas o las autoridades que mencionan de que se trata de un proceso político tienen que revisar solamente el cuaderno de investigaciones que lleva el Ministerio Público”, indicó.

Sobre aparentes presiones para dar una celeridad inusual al proceso, Sandoval manifestó que solo existen presiones de las leyes ya que el Ministerio Público debe cumplir con las investigaciones en los plazos que están señaladas en las normas.

DATOS
Según la Contraloría General del Estado, Ernesto Suárez, en su condición de prefecto del Beni, cometió junto con otras personas los delitos previstos en los artículos 144, 153, 154 y 224 del Código Penal.

Extraoficialmente se supo que según los comprobantes de ejecución presupuestaria el proceso del referendo sobre el Estatuto Autonómico realizado el 1 de junio tuvo un costo de 3.319.060 bolivianos para la entonces Prefectura.