Una juez ordenó arresto domiciliario para el Gobernador del Beni, Ernesto Suárez, investigado por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como Prefecto del Departamento.
El fallo de la juez incluye el derecho al trabajo, escolta policial, y una fianza económica de 50 mil Bolivianos. La autoridad estaba arraiga por otro caso que le sigue el Estado.
La decisión fue asumida por la juez Narda Vega en una audiencia cautelar a la que también fue sometido el ex prefecto beniano, Carlos Navia, actual asambleísta por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido en función de Gobierno a nivel nacional y opositor a Suárez.
Suárez aseguró, después de la audiencia, que seguirá trabajando a pesar de las supuestas intenciones del partido de Gobierno de “tomar” la gobernación que no ganó con el voto en democracia.
Resaltó que todas las autoridades opositoras están siendo procesadas y esa es la muestra clara de que hay persecución política por parte del Gobierno.
Navia también debe cumplir arresto domiciliario con derecho al trabajo y tiene que pagar una fianza de 50 mil Bolivianos si quiere defenderse en libertad.
El alcalde de San Borja de ese entonces, Ronald Tobías, también debió ser sometido a la audiencia cautelar pero no pudo ser notificado.
El Ministerio Público consideró que las autoridades cometieron delitos al traspasar recursos económicos para la reparación de un generador de energía eléctrica para la población de San Borja entre el 2005 y 2006.
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