Cuatro comunidades indígenas de la provincia Moxos se declararon campesinas, a pesar de la oposición de sus vecinos, informó el corregidor de la comunidad San Pablo del Chontal, Gery Noza.
Noza aseguró que además de su comunidad, tomaron la misma determinación las familias de Litoral, Santa Rita y Bella Vista, que se encuentran en el Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI).
“La base decidió formar parte de la comunidad campesina, y así mismo, venir a afiliarnos a la Federación Campesina”, indicó.
Denunció que a raíz de esta decisión tomada en consenso, fue azotado, junto a Miguel Iba, el 26 de marzo de este año, en su misma comunidad.
Acusó a la presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Berta Vejarano, de promover el ultraje.
“Creo que estamos en nuestro justo derecho de tomar decisiones. No ha sido sólo mi persona que he tomado la decisión como corregidor sino todos en conjunto”, reiteró.
Por su parte, Vejarano explicó que los azotes forman parte de la justicia comunitaria del movimiento indígena beniano, que aplica el castigo de acuerdo a sus usos costumbres.
Señaló que el castigo físico fue aplicado por decisión de corregidores del TIMI, quienes consideraron que tanto Noza como Iba estaban traicionando al movimiento.
Los castigados “son hermanos indígenas que estaban tratando de traicionar y dividir al movimiento indígena ignaciano y más que todo, queriendo parcelar nuestro territorio que más de once años nos cuesta consolidarlo”, añadió.
Vejarano acusó a dos concejales del Movimiento al Socialismo (MAS) de San Ignacio de Moxos de incitar a los comunarios “para que puedan descentralizarse y crearse parcelas”.
El MAS gobierna el municipio ignaciano, donde se encuentra el TIMI, luego de aliarse con la CPEM-B.
Por su parte, Lingis Rojas, dirigente de la comunidad Santa Rita, explicó que ellos también se declararon campesinos para cultivar la tierra y no para crear parcelas y luego venderlas.
Denunció que las autoridades indígenas le dieron un plazo para abandonar el territorio. Adelantó que no permitirán ser expulsados porque la ley boliviana los protege.
El corregidor Noza explicó que el día del castigo había un encuentro de corregidores y para evitar enfrentamientos pidió a sus compañeros que se replieguen a la población de San Ignacio.
Anunció que a partir de ahora harán respetar su decisión de declararse campesinos.
“Ahora nosotros estamos volviendo a las raíces ancestrales que pertenecíamos como comunidad campesina”, resaltó.
Un anterior caso de castigo físico lo sufrió Marcial Fabricano, dirigente indígena beniano, en la misma zona del departamento, por otro motivo.
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