Dos periodistas de Trinidad, demandados por desacato en la justicia ordinaria, piden respeto a la Ley de Imprenta y que su caso sea conocido por un Tribunal de Imprenta tal como lo establece la norma legal vigente en el país.
El director del periódico La Misión, Milton Tapia, y el editor Martín Melgar, fueron querellados por el coronel Williams Murillo Pardo, luego de que el matutino publicó que la autoridad militar estaría, supuestamente, involucrada en la venta irregular de harina.
“Si hay algún error que hayamos cometido como medio, esto debería decirlo un Tribunal de Imprenta y no la justicia ordinaria”, dijo Tapia.
El Director aseveró que cumplieron con las normas periodísticas antes de publicar la información y que en dos oportunidades acudieron ante el coronel Murillo para conocer su versión de los hechos.
La supuesta venta de harina se habría producido en diciembre del año pasado en la zona comercial de Pompeya, aunque las notas fueron publicadas en febrero de este año.
Tapia aseguró que no conoce personalmente al coronel Murillo y descartó que la publicación difundida tenga algún interés de perjudicar particularmente al militar.
Reconoció que el coronel Murillo envió una carta al matutino, el primero de febrero de este año, pidiendo información sobre la fuente de la noticia y las pruebas en su contra.
Tapia respondió a esa solicitud argumentando que el secreto de imprenta es inviolable y que solo puede ser revelado por petición de un juez como lo establecen los artículos 8 y 9 de la Ley de Imprenta.
En la querella, el coronel Murillo aseguró que la información publicada por La Misión no es verdadera y propone “una sanción ejemplarizadora”.
“Estas sindicaciones son totalmente alejadas de la verdad y que mellan la dignidad de las personas, más aún tratándose de una autoridad como es el presente caso toda vez que soy funcionario público y que en mi entorno social y dentro de mi fuente laboral me encuentro mal visto como si verdaderamente fuese el autor de la venta de harina de trigo”, dice el documento.
Reconoce que los periodistas cuentan con la Ley de Imprenta pero “no pueden hacer alegremente aseveraciones falsas y sin prueba alguna que los respalde poniendo en zozobra a las personas”, continúa.
La querella fue firmada por el coronel Murillo y su entonces abogado Hugo Vargas Palenque, recientemente designado como Fiscal de Distrito del Beni.
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