La policía a la cabeza del Ministerio Público allanó el domicilio de Ronny Paz, sospechoso de haber participado en un supuesto intento de soborno a dos asambleístas departamentales.
Familiares de Paz denunciaron atropellos en el operativo y calificaron el hecho como “robo” porque los allanadores al salir no dejaron constancia de los bienes que se llevaron.
Incluso se llevaron pertenencias de personas que se encontraban de visita en el domicilio en cuestión.
Además de la casa de Paz se allanó la vivienda de su madre, de su suegra y del asambleísta Oscar Nacif, informaron los abogados de los afectados.
Indicaron que un quinto domicilio fue allanado pero no precisaron el nombre del propietario.
La abogada defensora de Paz, Verónica Suárez, informó que la orden de allanamiento fue firmada por la juez cautelar Narda Vega, con vigencia desde las cinco de la tarde del 30 de abril por un lapso de 96 horas.
“Pero dice claro, las cosas se pueden secuestrar bajo inventario, como es lo legal y lo lógico, además, que tengan que entregar un acta”, aseveró.
“Sin embargo, han entrado a la casa, han sacado un montón de cosas, han sacado computadoras portátiles, han sacado la billetera de la esposa del señor Ronny Paz, la cual se encontraba con plata”, dijo.
“Acá lo ilegal es que no existe el acta”, explicó la abogada alrededor de las siete y media de la noche, dos horas después del allanamiento, mientras esperaba que le entreguen el documento, pero nadie le daba razón de él.
Suárez aclaró que su cliente presentó un memorial de presentación espontánea porque circuló su nombre en medios de comunicación como supuesto prófugo.
Lo extraño dijo, es que Paz no fue citado a declarar ante la fiscalía y mucho menos se conoció sobre una orden de aprehensión.
Suárez señaló que están a la espera de que las autoridades establezcan la fecha y hora para que Paz se presente a responder por las acusaciones en su contra.
El asambleísta Inocencio Yubánure, del sector indígena, denunció, el miércoles, que Paz llevó el dinero con el que supuestamente iba a ser sobornado para que favorezca en la Asamblea Legislativa Departamental a la Gobernación.
En el mismo caso, dos hombres y una mujer fueron enviados a las cárceles trinitarias de manera preventiva mientras dura la investigación.
Este medio de comunicación, intentó sin éxito comunicarse con la fiscal Silvana Rojas, encargada del caso.
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