Un juez de Medidas Cautelares de Trinidad declaró hoy ilegal la aprehensión del rector de la Universidad Autónoma del Beni, Guillermo Suárez, por lo que la autoridad quedó inmediatamente en libertad pero arraigado.
El juez Roberto Nacif dejó sin efecto la disposición del fiscal de Distrito, Filemón Sandóval, que había sido dictada el viernes, en medio de una demanda contra el Rector por el supuesto delito de uso de documento falsificado.
En lugar del arresto, el magistrado dispuso el arraigo de Suárez para garantizar su asistencia a la investigación abierta en su contra.
En la consideración del caso, el juez Nacif coincidió con la Fiscalía en que hay indicios de que la autoridad universitaria utilizó un documento presuntamente falsificado.
Suárez deberá pagar una fianza de 30.000 bolivianos y firmar un compromiso de asistencia obligatoria a la Fiscalía, que cumplirá cada lunes.
El juez Nacif dictó su fallo tras una audiencia de más de cuatro horas realizada este sábado en la noche, en la que los abogados del Rector argumentaron sobre la improcedencia del arresto de la autoridad universitaria.
La resolución judicial, dictada a la medianoche, fue escuchada por el fiscal Sandóval y sus colegas León Zuleta, Ever Justiniano y Carlos Peláez, asignados al caso.
La detención del Rector había provocado la ira de los docentes, estudiantes y funcionarios de la UAB, que realizaron vigilia ante la Fiscalía y ante la Corte Distrital de Justicia frente a un grupo policial que custodió el edificio judicial pertrechado con equipo antidisturbios.
Entre los seguidores del Rector estaban también militantes de su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario.
Antes de la audiencia de Medidas Cautelares, en la mañana del sábado, el rector Suárez debió soportar un fallo contrario de la juez de Garantías Constitucionales, Ruth Cornejo, que se declaró incompetente ante un recurso de Acción de Libertad.
La juez Cornejo se excusó de dictar un dictamen debido a que el Fiscal de Distrito ya había presentado una imputación formal contra el Rector por el presunto delito de uso de documento falsificado.
Según el abogado defensor, Armando Mejía, la juez creyó que su competencia en el caso acabó al presentarse la acusación formal contra la autoridad universitaria.
“Ella no se pronunció sobre el fondo”, por lo que “lo único que corresponde es (esperar) la audiencia ante el juez cautelar”, explicó el abogado.
En consecuencia, el Rector siguió recluido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, ubicadas al lado del edificio de la Corte Distrital de Justicia.
Al abandonar los tribunales, minutos después de la medianoche del sábado, un centenar de estudiantes, docentes y empleados universitarios lo aclamaron.
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