Una inusitada crisis sicológica interna provocó el inminente despido de un centenar de funcionarios de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), anunciado la semana pasada por el rector, Guillermo Suárez Zambrano.
La medida amenaza a los empleados administrativos que tengan familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, es decir primos hermanos, y hasta el segundo grado de afinidad, como son los cuñados. El conflicto no incluye a los docentes.
La decisión del Rectorado derivó en el nerviosismo de los afectados y también de los otros, que comentan el tema en las oficinas y los pasillos de la Universidad. Algunos dijeron que el tema les ha causado distracción laboral y otros sufren de insomnio.
Las principales autoridades universitarias admiten que están obligados a cumplir la exigencia, señalada en la Ley Financial de este año.
Por ello, han solicitado a todos los funcionarios que presenten una declaración jurada en la que confiesen –voluntariamente- si tienen o no tienen un pariente como el señalado en la indicada ley.
Ese documento debe ser presentado hasta el próximo viernes, cuando se vence el plazo legal para la elaboración de las planillas de pago.
Según la ley, las entidades públicas no pueden incluir a dos parientes con esa relación, bajo sanción penal a la máxima autoridad de la institución.
Por el contrario, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Administrativos han decidido debatir el caso en un ampliado de su federación nacional. El encuentro sindical se realizará en Sucre, mañana, miércoles.
Los administrativos sostienen que la Universidad no puede echarlos con la simpleza que se está tratando el asunto.
Algunos observan que la Ley Financial no ha sido promulgada formalmente por el presidente de la República.
Otros indican que, al menos, requieren una comunicación formal de sus jefes inmediatos, para tomar una determinación.
En el medio está el tema económico. En caso de que se concrete el despido, la Universidad está obligada a pagar los beneficios sociales a los damnificados.
Las autoridades universitarias todavía no tienen preciso la carga social que representará los despidos.
Un informe más preciso del conflicto será conocido el próximo jueves, cuando se reúna el Consejo Superior Universitario.
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